19:26h. Sábado, 23 de Junio de 2018

El Síndic se une a la Generalitat y también actúa contra la alcaldesa de Alcalalí y su “casoplón” prohibido

Aunque se ha hecho esperar, el alto Comisionado de Les Corts Valencianes, se ha pronunciado, en posesión de las flagrantes pruebas aportadas, la respuesta es contundente. Fuentes vecinales empiezan a apuntar al PP a raíz de su pasividad ante el caso “cuando la alcaldesa debió ser sancionada y se libró gobernaban ellos”.

Maribel Molina, alcaldesa de Alcalalí.
Maribel Molina, alcaldesa de Alcalalí.

El “caso Alcalalí” parece estar llegando a su fin, si bien al principio la primera edil, Maribel Molina con ayuda de su equipo de Gobierno negaban la mayor e incluso, “prohibían” hacer cualquier tipo de alusión al asunto en los plenos (llegando a expulsar al portavoz de PSOE Bernardo Ferrer Pastor por ello). Ahora son cada vez más los organismos que están exigiendo que salgan a la luz los documentos relacionados con la ya famosa ‘reforma y ampliación irregular de 200 metros’ de la alcaldesa de Alcalalí. 

El antepasado numero, este periódico publicaba en exclusividad una noticia que rezaba: “La Generalitat reacciona a la denuncia de MÁSportal y exige a la alcaldesa de Alcalalí toda la documentación sobre la ampliación de su vivienda”. Incluyendo en éste, el documento enviado por la Generlitat al Ayuntamiento. 

No se han hecho esperar las malas noticias para Molina, y ahora, es el Síndic de Greuges el que (tras la documentación aportada por Bernardo Ferrer y las denuncias públicas y reiteradas hechas por MÁSportal) se ha pronunciado al respecto.

El alto Comisionado recuerda a la alcaldesa y a su equipo de Gobierno varias Leyes de las Bases Reguladoras de Regimén Local como la 7/1985 que en su articulo 22.2ª alude al control y la fiscalización que el pleno ( y cualquier concejal) puede hacer sobre el Gobierno local. El organismo cita y exige que se cumpla esta ley a raíz de la negativa de Maribel Molina y su concejal de Urbanismo, Alejandro Romá, a entregar documentos relacionados con las obras realizadas en la vivienda de Molina solicitados por el portavoz de PSOE. Y es que, cuando Bernardo Pastor solicitó esta documentación, la asombrosa respuesta que obtuvo por parte del responsable de Urbanismo fue tan ilógica como asombrosa: “al no ser Ud. Concejal de Urbanismo no le compete acceder a dicha documentación”. Esta negativa infundada no ha pasado por alto para el Síndic que, tras citar la ley anteriormente mencionada, añade “esta institución no puede compartir en absoluto esta conclusión” e inmediatamente después insta al Ayuntamiento a ajustarse a la Ley y a entregar unos documentos que, de momento aunque con un plazo de un mes para que vean la luz, siguen ocultos.

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"Si la alcaldesa continua utilizando el Ayuntamiento de escudo para evitar ser sancionada, no nos queda otra que denunciarla por prevaricación y abuso de poder" (Bernardo Ferrer, PSOE)

 

Llama poderosamente la atención el hecho de que, ante una irregularidad tan flagrante y palpable, el único concejal que está luchando y acudiendo a los distintos organismos encargados de hacer cumplir la Ley (y que le están dando la razón) sea Bernardo Ferrer Pastor (PSOE), que ha abanderado la lucha y la defensa de los intereses de un pueblo que, como todo parece apuntar, ha podido ser victima de una estafa de muchos miles de euros.

Fuentes vecinales empiezan también a percatarse de la soledad de Ferrer para con esta difícil empresa y empiezan a sacar sus propias conclusiones y recuerdan que “cuando Maribel empezó las obras y se libró de las multas que tendrían que haberle puesto era el PP el que gobernaba”. Esto, unido a la pasividad del partido encabezado por José Vicente Marcó, está siendo causa de numerosos rumores y teorías que no dejan en buen lugar al grupo muncpal.