18:41h. Domingo, 22 de Julio de 2018

Marzá premia con un puestazo en Educación a una concejal condenada criminalmente en 2013 por un fraude de miles de euros en agua potable

La Justicia sentenció criminalmente a Sonia Pérez Ortuño, edil de Compromís en La Nucía entre 2007 y 2011, por defraudar más de 8 millones de litros para consumo humano. Pese a la condena su partido la mantuvo en las listas municipales en 2015 y al no conseguir acta de concejal la “premió” en 2016 como Jefa del Departamento de Idiomas y Programas en la Conselleria de Educación, Cultura, Investigación y Deportes.

Sonia Pérez Ortuño fue concejala de Compromís, en la oposición, entre los años 2007 y 2011 en la localidad de La Nucía. Tras 4 años fuera de la política institucional municipal, su partido volvía a contar con ella para las elecciones locales de 2015. Ese año formaba parte de nuevo de la candidatura de la coalición de Mónica Oltra, en el puesto 3 de la lista electoral nacionalista. 

Pero en su ya dilatada experiencia política hay un enorme manchón judicial que su partido ha tratado de ocultar. Pérez Ortuño ha sido condenada por la Justicia por delitos reiterados en defraudación de agua. Así consta en la sentencia  a la que ha tenido acceso MÁSPortal y en la que -la ahora Jefa del Departamento de Idiomas y Programas en la Conselleria de Educación, Cultura, Investigación y Deportes, nombrada directamente por el conseller Vicent Marzà, también de Compromís- fue declarada culpable criminalmente “a tres meses de multa diaria, con un día de cárcel por cada dos días de impago.

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   Según consta en la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico, la sentencia acredita que la entonces edil del municipio alicantino habría defraudado la nada despreciable cantidad de 8 millones de litros de agua potable (cantidad para que se hagan una idea que supone el gasto diario de un municipio como La Nucía) que traducido en dinero supone más de 11.000 euros. 

En este sentido, la empresa de aguas afectada había elaborado un completo dossier en el que se detallaban todas las irregularidades, confirmadas posteriormente en sentencia judicial, en las que habría incurrido Sonia Pérez Ortuño. El informe constataba que la dirigente de Compromís se beneficiaba de consumo de agua incontrolado, al aprovecharse de enganches ilegales sin contador en varios inmuebles de su propiedad. Así, la edil dispone de seis viviendas, dos locales comerciales, un almacén y otros habitáculos que también se nutrían de la fraudulenta red. 

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Pese a la gran cantidad de inmuebles, Pérez Ortuño tan solo tenía contratados cuatro contadores. Esto levantó las sospechas de Aqualia y puso en marcha el mencionado estudio. Constatadas las irregularidades, la empresa trató de ponerse en contacto con la edil para que solventase la situación y no siendo posible el diálogo llegaba incluso a hacerlo mediante el procedimiento de notificación legal, un burofax. 

Pese a ello, no encontraron respuesta alguna por parte de la infractora. Situación que forzó a que varios técnicos tuviesen que personase en las numerosas propiedades de la dirigente nacionalista con la intención de regularizar la situación e instalar los contadores pertinentes para el consumo en los “locales fantasma” que quedaban al margen del pago. 

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Una gestión infructuosa ya que Sonia Pérez Ortuño se negó a que los técnicos hiciesen su trabajo llegando incluso, tal y como consta en el informe de Aqualia, a solicitar la presencia policial para que los agentes impidieran a los responsables de agua instalar los preceptivos contadores de agua. 

Pese a la obstrucción por parte de la defraudadora, la empresa sí pudo realizar una conclusión final que a la larga ha posibilitado su condena criminal: “Sonia Pérez Ortuño ha realizado consumos fraudulentos de agua potable y uso incontrolado de esta”. 

Responsabilidades políticas

Llama poderosamente la atención que Compromís no solo mantenga en el partido a la condenada criminalmente por defraudar sino que la premie de manera flagrante con un puesto muy bien remunerado en la Administración valenciana. Vicent Marzà la ascendía, haciendo uso de los llamados nombramientos de “cargo de confianza” a la jefatura del Departamento de Idiomas y Programas en la Conselleria de Educación, Cultura, Investigación y Deportes, tal y como le hemos contado al principio de este artículo.

Desde el año 2016, un año después del llamado Pacto del Botánico que daba el Consell al gobierno tripartito de PSPV, Compromís y Podemos, Sonia Pérez Ortuño ocupa este cargo en la Conselleria. No importa ya que no haya sido imputada sino condenada, la formación nacionalista mira para otro lado saltándose a la torera su propio código ético y el compromiso adquirido con los ciudadanos o el manual de buen gobierno del que hacen gala. 

La defraudadora Pérez Ortuño “desapareció” de la política precisamente la legislatura en la que fue imputada por el caso del agua. En esos años su partido no contó con ella para las listas municipales, entre los años 2011 y 2015. Apenas dos años después de ser condenada por la Justicia, le caía el ‘premio gordo’ otorgado por Compromís encajándola en la Conselleria de Marzà. 

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En este sentido, el PP de La Nucía remitía una carta al presidente de la Generalitat Ximo Puig donde de manera oficial, haciéndola pasar por registro de entrada, se le exigía el cese inmediato de Sonia Pérez Ortuño como alto cargo del Consell. Ni cese ni dimisión. 

No importa que ello se salte el manual de buenas prácticas políticas de Compromís y tampoco los acuerdos y compromisos éticos del llamado Govern del Botánic. La doble vara de medir salta de nuevo a la palestra en las formaciones de izquierda. Los dirigentes de la izquierda valenciana (PSPV, Podemos y en el asunto que nos ocupa Compromís) pueden estar imputados y, como es el caso, hasta condenados por los tribunales de Justicia, una situación que no afecta a sus bien remunerados cargos públicos o puestos orgánicos en sus partidos. 

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La “línea roja” solo se aplica a cargos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, a quienes sistemáticamente se les ha exigido reiteradamente la dimisión o cese de sus cargos por una simple investigación judicial, sin esperar a la apertura de juicio oral y desde luego sin aguardar a una condena o sentencia por parte de la Justicia. Los dirigentes populares han llegado incluso a ser acosados y derribados por la prensa afín a la izquierda con auténticas persecuciones y “juicios populares” que les han sentenciado antes del pronunciamiento judicial. 

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De denuncias infundadas y llamadas de atención de la justicia por judicializar hasta lo absurdo sabe bien el portavoz de los de Oltra en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, que aparte de ser conocedor del historial de su correligionaria Sonia Pérez, ha usado la parcial vara de medir nacionalista para obviar este asunto y por supuesto para no pedir a la Jefa de Departamento que cumpla con el comité de garantías y ética que, supuestamente, él como alto cargo de su partido debe de hacer cumplir. Tal vez esta falta de objetividad e imparcialidad se deba a la buena relación que este y su padre tienen con la condenada, que fue políticamente la mano derecha de Fullana senior durante mucho tiempo, tal y como han putualizado a MÁSPortal fuentes próximas a Compromís.